El comité de empresa de Sureste Seguridad en Melilla rompe relaciones con la empresa por incumplimiento del convenio estatal

18/11/2019

El comité de empresa de Sureste Seguridad en Melilla ha decidido romper relaciones con la empresa después de que esta siga, “de forma sistemática”, incumpliendo el convenio estatal de empresas de seguridad y, por ende, el pliego de condiciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como emprender acciones legales en los juzgados para hacer valer sus derechos sindicales.

El comité asegura que no tiene ninguna animadversión por la empresa Sureste Seguridad S.L., pero entiende que la empresa concesionaria del servicio de seguridad privada de las dependencias municipales de la ciudad debe cumplir con el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada, y eso, ahora mismo, no ocurre.

El comité considera que el inmovilismo de la empresa a sus peticiones tiene como único fin el alargarse en el tiempo para no cumplir con la normativa vigente.

“Los trabajadores han tenido mucha paciencia, y han colaborado en todo desde el principio y durante más de un año. Cada vez que se planteaba alguna queja a la empresa, esta alegaba la necesidad de ‘tiempo’ por ser de nueva implantación en la ciudad; pero la realidad es que, en ningún momento, como se ha demostrado, han querido escuchar ninguna de las exigencias de los representantes de los trabajadores, que no son otras que el cumplimiento del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad”, señalan desde el comité de empresa.

Casi dos años después de su inicio laboral en la ciudad, Sureste Seguridad, critica el comité de empresa, sigue sin entregar ningún tipo de documentación a los representantes de los trabajadores, a pesar de que desde marzo, cuando se celebraron elecciones sindicales en la empresa, se viene reclamando dicha documentación.

El comité dice que no ha visto ni un solo dato de la empresa, ni de contratación, ni de distribución de servicios, ni de planes de la propia empresa para su continuidad en Melilla, ni de altas y bajas y, ni siquiera, de razones convincentes para los numerosos errores administrativos en las nóminas.

También critica que la empresa “se ha negado, hasta por escrito, a facilitar ninguno de los documentos que les exige la Ley amparándose, como excusa, en la Ley de Protección de Datos, a pesar de que el propio comité le especifica que no quiere datos personales de los trabajadores, sino laborales”.

En cuanto a las reclamaciones “de los muchos errores administrativos en las nóminas”, solo lo justifican por un desbordamiento en la sección de recursos humanos, pero en ningún momento se avienen a solucionarlo, y hay que llegar a los juzgados por cuantías inferiores a 100 euros.

Además de las dos circunstancias anteriores, el comité denuncia el incumplimiento sistemático de la jornada laboral de muchos de los contratados —tanto a tiempo parcial como de forma temporal—, a los que “se explota de forma escandalosa”. Sin embargo, desconoce hasta qué punto llega esa explotación, porque no se facilita cuadrante ni copia simple de los contratos de los trabajadores.

Asimismo, el comité de empresa denuncia el incumplimiento en la entrega de material para realizar el trabajo, como la uniformidad. Se han dado casos en los que muchos compañeros han tenido que prestar servicio con chaquetones adquiridos por el propio trabajador en tiendas deportivas, porque la empresa no disponía de ropa de abrigo suficiente. O de entregar solo un pantalón y un polo a trabajadores que iban a estar más de cinco días seguidos trabajando.

A todo este hay que sumarle que los contratados temporales tienen que permanecer atentos a sus teléfonos por si son requerido en cualquier momento en sus días de descanso para cubrir algún servicio, lo que les impide realizar una vida normal mientras dure su contrato. Además, con la sospecha de que, de no atender la llamada o no poder prestar el servicio solicitado, la empresa prescindiría de sus servicios.
Todas estas “anomalías” están denunciadas ante la Inspección del Trabajo y la Seguridad Social desde el día 1 de julio, pero tan solo hubo una citación con la Inspección en la que se corroboró la situación y hasta la fecha no ha habido ningún tipo de medidas por parte de la institución estatal.

El comité de empresa asegura también que hasta la fecha Sureste Seguridad “daba largas aduciendo problemas en la central de Murcia, hace dos meses desplazó a la ciudad a su director general y a otros dos miembros de alta dirección para dar algunas explicaciones peregrinas sobre la situación en la que estamos. Sin embargo, hemos constatado que esas explicaciones solo han servido para que la empresa gane tiempo ante la nueva subasta del contrato de seguridad. De no ser esta la razón, el comité entiende que ya han tenido tiempo más que suficiente para aportar soluciones a algunas de las múltiples quejas que les hemos trasladado”.

Ante la presencia de los directivos de la empresa, el comité les solicitó que solventaran las deudas que tenían pendientes con los trabajadores y la entrega de documentación que necesitaba el comité para poder hacer su labor fiscalizadora, “pero la realidad es que ellos siguen en sus trece y el comité sigue sin recibir ni un solo dato de la empresa”.

El comité de empresa no entiende cómo el cliente, la Ciudad Autónoma, permite que se incumpla el pliego de condiciones “de forma impune”, y no solo eso, sino que pretenda prorrogarle dos años más a pesar de tener información directa de miembros del comité de empresa en cuanto a las irregularidades que Sureste Seguridad está cometiendo en Melilla.



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