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Marín insiste en su inocencia en el Caso Arquitecto y remarca que se actuó conforme a normativa y ley

Después de haber sido pospuesto, el Juzgado de lo Penal Número 1 ha acogido esta mañana el juicio del ‘Caso Arquitecto’ contra Miguel Marín por la supuesta contratación irregular de un arquitecto por la Ciudad Autónoma  en su época de consejero de Administraciones Públicas.

Según la acusación de la Fiscalía y  la acusación popular (conformada por CpM , el socialista Dionisio Muñoz y Manos Limpias), Marín incumplió la normativa para tratar de mantener en la Administración a un arquitecto que había entrado a trabajar en la Consejería de Fomento cubriendo una baja por enfermedad, para luego hacerse con otra plaza  que quedó vacante tras registrarse una jubilación en esta área.

Respecto al primer contrato, ambas partes han criticado que durante un  tiempo de dos meses coincidieran trabajando tanto el sustituto como el titular de la plaza y que Miguel Marín no tuviera conocimiento de este hecho.

Durante el juicio, se ha hecho hincapié en conocer el proceso selectivo que se siguió.  Además,  la Fiscalía y la acusación popular se han preguntado cómo fue posible que si esta persona estaba ya contratada, a través de una bolsa de trabajo, se le adjudicara posteriormente otra plaza con unas condiciones mucho más ventajosas. Por otra parte, se la ha preguntado al acusado por que ordenó un informe a los directores generales sobre cómo se habían realizado  las dos contrataciones a esta persona.

Miguel Marín ha respondido a todas estas preguntas. Para empezar ha dejado claro que no tenía ningún tipo de relación con la persona que iba a realizar la sustitución y que no la conocía de nada.

Sobre el proceso de selección, matiza que los pasos fueron los siguientes: se pidió una oferta genérica al INEM, se estableció un proceso selectivo -porque el cargo requiera conocimientos específicos-  y se creó una bolsa de trabajo de arquitectos que hasta la fecha no existía, siguiendo las directrices tanto de la normativa de base de bolsa de trabajo de 2005 como el convenio colectivo de la Ciudad Autónoma

Marín ha  explicado  que en esta bolsa de trabajo hay dos categorías en función de si el contrato  se realiza por un periodo corto o largo de tiempo.  Matiza que la primera contratación era de corta duración y que por eso, al estar en primer lugar tras el examen, esta persona  pudo acceder posteriormente a la plaza que quedó vacante por una jubilación. Asegura que este proceso es un mecanismo “mecánico” y recuerda que ni los sindicatos  ni los jefes de Negociado se mostraron en contra  y remarca que no tuvieron duda de cómo actuar a posteriori.

Respecto al tiempo que estuvieron el titular y el sustituto trabajando juntos, Marín  ha comentado que estos “desfases  temporales” suelen darse en la Administración y recuerda de hecho que la Inspección de Trabajo ha sancionado a la Ciudad Autónoma por causas similares

El popular entiende que él no puede estar detrás de los más de mil funcionarios para comprobar cuando se dan de baja y de alta y que él como consejero de Administraciones  Públicas  no tiene por qué entrar en esta cuestión.  Si bien,  aclara que estas dos personas no realizaron el mismo trabajo durante los días en los que coincidieron.

Durante el turno de la Defensa, Marín ha  remarcado  que su implicación en este caso  se reduce a la firma de la incapacidad temporal, a la revisión del contrato y al contrato de jubilación. Subraya que en ningún momento recibió indicaciones sobre cómo elaborar el contrato, que desconocía si la persona que realizaba la sustitución quería quedarse en el puesto y que se enteró de que los dos trabajadores habían coincidido trabajando a posteriori de que hubiera ocurrido.

Intervención del juez

El juez que instruye el Caso Arquitectos, Carlos Aviador, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que Miguel Marín no tuviera conocimiento de que durante un plazo de dos meses una misma plaza estuviera ocupada por dos personas.

Sostiene que este caso “no es ninguna tontería”  y le ha recriminado que no llevara ningún tipo de control sobre eso. Del mismo modo, entiende que se ha causado un daño a la Administración y a los melillenses por cuanto durante este tiempo se han pagado dos nóminas por una misma plaza, lo que ha supuesto un desembolso de unos 9.000 euros y la posibilidad de caer en un delito de malversación de caudales públicos.

Durante el transcurso de la vista oral, el magistrado  ha comentado que Marín se ha escudado en la propia estructura de la Consejería y de la Administración para justificar que no tenía conocimiento de lo ocurrido, después de que el popular haya dicho que no tenía forma de enterarse si los jefes de negociados, los directores generales o la viceconsejera no se lo comunicaba.

El juez también le ha preguntado si el contrato se  rescindió de mutuo acuerdo y ha examinado a Marín sobre la normativa que rige y regula la creación de bolsas de trabajo y la contratación de personal.

Vía Cope Melilla

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