La Fiscalía pide para Miguel Marín 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público

22/09/2016

La Fiscalía pide para Miguel Marín 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público por la contratación en 2006, cuando era consejero de Administraciones Públicas, de un arquitecto para el área de Fomento. La fiscal insta en su escrito de acusación a la apertura de juicio oral contra Marín por la contratación de este arquitecto.

En el escrito de calificación previo a la apertura de juicio oral, acusa al ahora presidente de la Autoridad Portuaria de un delito de prevaricación administrativa por entender que contrató al arquitecto Iván Reyes de forma irregular en el área de Fomento y que modificó sus condiciones laborales para favorecerle.

Marín insiste en recordar que la Justicia ha avalado hasta en tres ocasiones aquella contratación y que hay un dictamen del Consejo de Estado según el cual no existe vicio de nulidad en ese procedimiento administrativo. El presidente de la Autoridad Portuaria, que confía plenamente en la Justicia, asegura que el delito del que se le acusa es imposible y que eso lo sabe cualquiera que tenga nociones mínimas de Derecho.

El Caso Arquitecto sigue su curso con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal que ha solicitado la pena de 11 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y al derecho de sufragio pasivo para Miguel Marín al considerar que está claro que el que fuera vicepresidente primero de la Ciudad prevaricó para favorecer la contratación del arquitecto

La calificación de la fiscal ha sido remitida este martes 20 de septiembre por el juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 a la acusación particular, integrada por el Colegio de Arquitectos de Melilla, Manos Limpias y CPM, para que el plazo de diez días solicite la apertura de juicio oral, o bien, el sobreseimiento de la causa.

Colegio Oficial de Arquitectos de Melilla

En un comunicado de prensa, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de la Ciudad Autónoma de Melilla informa que han aprobado “por unanimidad no continuar con la demanda penal emprendida por la anterior Junta” contra Miguel Marín por el denominado “caso arquitecto”. En dicho comunicado, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos basa su renuncia por el “Dictamen del Consejo de Estado en el que indicó la validez del contrato suscrito con Iván Reyes”, así como ka “necesidad de convocar urgentemente el correspondiente proceso selectivo para cubrir en propiedad dicha plaza de arquitecto”. Además, de estos motivos, indican “las consecuencias económicas que la posible desestimación de responsabilidades penales conllevaría para el Colegio” y que dicha acusación “no tiene que ver con los intereses generales de la profesión”.

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